De nada ha servido que la SGAE haya tratado de rectificar después de recaudar dinero de un concierto benéfico de David Bisbal en el que el propio artista, para ayudar a un niño con síndrome de Alexander, había renunciado a su caché. Si la sociedad de autores quería «limpiar» su imagen, ha elegido un mal camino. Con este tipo de polémicas, la SGAE parece querer decir a gritos que quien se supone representante de artistas demuestra tener menos sensibilidad que cualquier ciudadano corriente. La SGAE no se puede permitir más mala prensa de la que ya tiene y ahora rectifica y recula sonrojada ante sus críticas por «mezquinos».
No es la primera vez. Parece que los enviados de SGAE se han convertido, a ojos de muchos, en una especie de cobrador del frac. Hace pocos días, llegó uno de ellos a una emisora local. «Tenéis que entregarnos vuestras cuentas», sentenció aquel hombre trajeado ante la mirada de sorpresa de la directora. Y yo me pregunto: ¿por qué no ha pedido el listado de artistas que suena en sus programas para que ese dinero vaya directamente a sus bolsillos? ¿Por qué a ellos no les va a llegar y sin embargo, sí recibirán una buena suma otros artistas archiconocidos que quizá no suenen? La SGAE es buena herramienta para los que están arriba pero, perdonen que ponga en duda si lo es también para el resto. Es tanta la maquinaria burocrática que dice poner en marcha que, descontados esos gastos, para los artistas (no «números 1») quedan poco menos que las migajas.
Por si no estaba lo suficientemente desgastada su imagen y la popularidad de las medidas que toman este organismo, ahora parece que ni si quiera logran sus objetivos. Al menos, en comparación con otros países. Hoy decía el diario El País que la administración de Obama considera a España demasiado permisiva con la piratería en Internet…
EE.UU. ABRONCA A ESPAÑA POR «PIRATA»
Ramón Muñoz – Madrid – 06/05/2009
Barack Obama celebró recientemente su amistad con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero quizá hayan encontrado su primer punto de fricción: Internet. La actual Administración estadounidense no sólo no ha cambiado de opinión respecto a la de George W. Bush sobre la política en la Red del Gobierno español, sino que ha arreciado su crítica. Un informe elaborado por el Departamento de Comercio y la Oficina de Presidencia de EE UU acusa al Ejecutivo de Zapatero de ser permisivo contra la «piratería» en Internet y de no haber tomado ninguna medida para frenar la descarga de archivos protegidos por derechos de autor. Asimismo, le insta a ilegalizar los programas de intercambio de archivos p2p como eMule, BitTorrent o Ares.
Todas estas críticas aparecen en la llamada Lista 301 de 2009, un informe anual del Departamento de Comercio de EE UU. En él hace un balance de la situación de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, y confecciona una lista de los países donde más se vulneran estos derechos. España no sólo aparece por segundo año consecutivo en la lista, sino que se lleva una de las más duras reconvenciones.
«España se mantendrá en la lista de vigilancia en 2009. Estados Unidos urge enérgicamente al Gobierno español a que lleve a cabo acciones de forma rápida y significativa para reconducir el serio problema de la piratería por Internet. El Gobierno español ha realizado un esfuerzo mínimo para cambiar la extendida y errónea percepción que existe en España de que compartir archivos por los sistemas p2p es legal», señala el informe, de fecha 30 de abril, y al que ha tenido acceso este diario.
La acusación sube de tono porque insta directamente al Gobierno a ilegalizar los sistemas p2p y a anular la circular del fiscal general del Estado de mayo de 2006 que consideraba que el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor es lícito siempre que no tenga ánimo de lucro. Este punto prueba la magnífica información que maneja la Administración estadounidense sobre España, puesto que dicha circular es la principal fuente de jurisprudencia, y ha sido esgrimida en todos los procesos legales por descargas de Internet, en los que ningún internauta ha sido condenado.
«EE UU insta a España a que deje claro que compartir archivos sin autorización por p2p es ilegal, y a que anule las directivas problemáticas respecto a los derechos de propiedad intelectual, como la circular del fiscal general del Estado de mayo de 2006 que parecía legitimar tal actividad ilícita».
Pero no se queda ahí. Además del rapapolvo contra el Ejecutivo, el informe también tiene duras palabras contra jueces y fiscales, por haber absuelto sistemáticamente a los propietarios de las páginas web que sirven enlaces para realizar descargas, puesto que sólo hay una sentencia condenatoria contra esas webs.
«Además, mientras las autoridades han realizado esfuerzos legislativos para adoptar algunas medidas contra las páginas web piratas, los fiscales han fracasado en la persecución de los casos contra los derechos de autor, y los jueces también al no imponer sentencias disuasorias contra los infractores, dejando a los defensores de esos derechos sin las herramientas legales necesarias para llevar los casos a juicio», señala el documento.
La advertencia no es baladí. España ya fue incluida el año pasado en la llamada lista negra del Congreso de EE UU como uno de los países en los que más se fomenta la «piratería» por Internet. Pero a diferencia de este informe, que es meramente informativo, la lista 301 puede acarrear sanciones económicas o comerciales.
Zapatero no debe echar en saco roto esta última advertencia. La lucha contra la «piratería» será uno de los temas principales de la agenda que traerá el vicepresidente de EE UU, Joseph Biden, en la visita que realizará a España dentro de su gira por diversos países europeos. Biden se ha significado en la defensa de los intereses de la poderosa industria musical y cinematográfica estadounidense. En su carrera como senador y ahora como vicepresidente, ha impulsado al Departamento de Justicia a procesar a los usuarios del p2p y a establecer un programa de vigilancia de estos sistemas.
Con todo, España no aparece en el informe en la lista de países prioritarios, sino en la llamada «lista de vigilancia», junto a varios Estados europeos como Noruega o Italia, aunque ninguno de ellos recibe la dura advertencia que merece España.
El informe se produce en un momento delicado en que el Gobierno se ve atrapado entre las exigencias de la industria cultural y las quejas de las operadoras de Internet. El nombramiento de Ángeles González-Sinde como ministra de Cultura no sólo no ha aplacado los ánimos en ambas partes, sino que los ha enconado. Los operadores de telecomunicaciones (Redtel) han emplazado al Ejecutivo a que sea él quien proponga una regulación de las descargas tras el bloqueo de las negociaciones que mantenían con la industria cultural.
Ante la gravedad de la situación, ayer el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, pidió a las partes que reinicien las negociaciones.
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